El gobierno español presentó el lunes (14 de noviembre) una impugnación legal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la regulación de acceso a aguas profundas de la Unión Europea, que prohíbe la llamada pesca en el fondo del océano en 87 regiones del Océano Atlántico.
Madrid certifica la propuesta de la Comisión de la UE sobre carencias «objetivas y formales».
El gobierno español dijo en un comunicado que la decisión de la UE de cerrar los caladeros fue «desproporcionada» y no tuvo en cuenta el impacto potencial en la flota pesquera.
Madrid también argumenta que la UE está violando los principios de la Política Pesquera Común, que pretende «lograr un equilibrio entre proteger la biodiversidad marina y mantener una pesca sostenible».
En la solicitud, España exige que se declare la nulidad de las correspondientes normas de desarrollo para el cierre de las regiones.
Madrid considera que la medida impugnada es «incoherente con los objetivos» que pretende perseguir, a saber, la protección «esencial» de los recursos pesqueros y las actividades pesqueras sostenibles.
Además, el Gobierno español considera «desproporcionada» la prohibición de la pesca de fondo en las zonas afectadas porque los impactos de los métodos de pesca utilizados sobre los ecosistemas no son «significativos».
Entre otros argumentos, la demanda también cuestiona la idoneidad del sistema para la zonificación de ecosistemas marinos sensibles y acusa a la comisión de no tener en cuenta los últimos conocimientos científicos.
La denuncia también cuestiona el hecho de que la normativa de base pueda imponer prohibiciones arbitrarias entre diferentes técnicas de pesca sin volver a vulnerar lo dispuesto en la Política Pesquera Común (PPC) y el principio de proporcionalidad.
En cualquier caso, en paralelo a los trámites legales, España seguirá trabajando con la Comisión Europea para «encontrar una solución lo antes posible».
